Noticia de esta semana fue la ubicación de la tasa de desempleo en Venezuela en 7,8% para el mes de junio, de acuerdo a resultados presentados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Además, la tasa de desempleo se incrementó en 0,2% respecto al mes de junio.
Por otro lado, al observar la serie de tiempo de las tasas de desempleo mensuales registradas desde enero de 1999 se observa un máximo alcanzado de 20,7% en diciembre del año 2002, luego las tasas han disminuido progresivamente. Otro punto a destacar es que la serie desde enero 2003 hasta el mes de junio del presente año, presenta ciclos en los que existe un registro máximo en los meses de noviembre y niveles mínimos en los meses de octubre, lo que nos indica que existe la posibilidad de registrar una tasa superior y/o una tasa inferior al 7,8% registrada en junio 2009.
No obstante, tales proyecciones indican algo más que el probable movimiento de la fuerza de trabajo. También señalan la necesidad de impulsar políticas públicas para aumentar la capacidad actual y futura de la economía para absorber las personas que no cuentan con un empleo formal (considerando que cada año se insertarán nuevas personas al mercado laboral).
Las políticas públicas destinadas a promover el empleo, parten por reconocer que las mismas se deben a la compensación de los efectos de la inequidad social y la exclusión existente, por lo que su inserción en la agenda de las intervenciones públicas debe ser obligatoria y permanente.
En este sentido, las acciones del Gobierno Central dirigidas al empleo han estado focalizadas principalmente en los grupos sociales con menores oportunidades. Los medios utilizados han sido variados y todos han tenido una incidencia en aumentar el número de personas ocupadas y empleadas, destacando: misiones, promoción de cooperativas, empresas de producción social (EPS), o figuras asociativas relacionadas al sector de la economía social.
Específicamente, han sido notorias las medidas para promover la creación de las cooperativas y las EPS. Sobre esto, el Gobierno Central ha manifestado su convicción de que estas organizaciones poseen capacidades para incrementar la cohesión entre los ciudadanos y su territorio (vinculación entre las personas y su comunidad), activar la participación social y corregir desbalances en la distribución del ingreso.
No obstante, es difícil concluir que, tras años de estímulos e incentivos legales y económicos para su formación, las cooperativas y las empresas de producción social se han mantenido operativas con niveles de eficiencia y resultados socioeconómicos aceptables, entre otras razones, porque al igual que las empresas con fines de lucro, enfrentan un contexto macroeconómico difícil de manejar.
Tras la organización de una cantidad importantes de venezolanos bajo la figura de empresas sociales, que apuestan a ser percibir un salario o bien contar con una fuente segura de ingresos más allá del corto plazo, viene la necesidad de procurar acciones que garanticen que esta fuente de empleo tenga fundamentos que garanticen su duración en el tiempo. En otras palabras, sería un error no dar continuidad a los beneficios que hasta ahora disfruta este grupo de venezolanos que hoy día cuentan con una ocupación. La ausencia de apoyo institucional, jurídico y financiero para desarrollar la infraestructura organizacional de la economía social en el país, vaticina que las cifras de desempleo se incrementen en el corto plazo.
España…algunas lecciones
España es el país que más ha avanzado en materia de promoción y desarrollo de organizaciones empresariales dentro de la economía social. El Estado ha reconocido la creciente importancia del sector para superar grandes desafíos como: mayor empleo, acceso a los recursos de la economía, reactivación y creación del tejido productivo, lucha contra la exclusión social y otros. Estudios recientes indican que la economía social proporciona 1,3 millones de empleos directos y más de 1,2 millones de empleos tienen cobertura empresarial de las cooperativas y se benefician de sus iniciativas y estructuras empresariales.
Los resultados anteriores han sido logrados con base en una serie de medidas institucionales, financieras y educativas (entrenamiento permanente a los trabajadores), que han permitido fortificar la organización del sector. Asimismo, se han añadido políticas para promover el empleo, considerando la economía social como un factor clave y de directo impacto sobre el indicador de empleo.
Sus avances han alcanzado la posibilidad de idear un sistema de preservación del empleo a través de las llamadas “sociedades laborales” y “cooperativas de trabajadores”, en las cuales los trabajadores teniendo el estatus de desempleados, tienen el derecho de escoger si la ayuda por desempleo la capitaliza en un pago único, con el cual puede constituir una empresa social. Para el éxito de esta medida, el Ministerio en materia laboral del país, con coordinación con el Instituto Nacional del Empleo, se encarga de pagar la contribución de la seguridad social, mientras dure el estatus de desempleado.
Los efectos tras la implementación de este mecanismo han sido positivos. Durante el periodo 1994 – 1998, 42.725 trabajadores pudieron disfrutar de la ayuda, entre las 22.260 cooperativas y 20.465 sociedades laborales existentes (Chaves (2008) Public Policies and Social Economy in Spain and Europe).
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