Crisis Económico-Financiera: Necesidad en la Coordinación de Políticas








por Rafael Simón Hernández J

Tome la decisión de armar este pequeño escrito, con la intención de referirme a lo dramático que resulta la total “descoordinación” de políticas entre los principales actores del mundo económico, ante el fenómeno que supone la crisis económico-financiera con la que hemos tenido que lidiar desde finales del 2007 hasta nuestros días. Una falta de coordinación, que genera enormes dudas sobre el dónde estamos, sobre qué ha de hacerse, sobre qué se ha de esperar de las más altas esferas del poder político en la configuración de políticas y mecanismos de respuesta, y conocer con certidumbre la magnitud del hueco en el que estamos hoy día.

Resulta muy curioso además, la existencia de pareceres muy distintos, de ópticas muy divergentes entre una serie de “expertos” con relación al fenómeno. Algunos hablan de que lo peor lo estamos viviendo, otros que lo peor está por venir, mientras que para otros ya pasamos la crisis y se atreven a referirse sobre aquellas “secuelas” que dejó el fenómeno???
Los comentarios de estos “expertos”, corren por los medios por calles tan opuestas, que no hacen sino generar muchas más dudas sobre el camino a transitar, dudas en relación a las medidas más idóneas a desarrollar para terminar con los efectos perversos de esta crisis, y poner en definitiva a funcionar el carro de la economía para que genere crecimiento (en una primera etapa) y propiciar -a raíz de tal- desarrollo y bienestar colectivo.
El mundo que nos ha tocado vivir, desde mediados de los años ‘80 y afianzado a lo largo de los 90’s, nos ha hecho entender que estamos en un mundo cada vez más interrelacionado, en un mundo cada vez más conectado, en un mundo “globalizado” (y esta crisis lo ha hecho verdaderamente patente); y ésta cada vez mayor cercanía entre unos países y otros, ha hecho que existan enormes interdependencias entre las principales economías del orbe.
Las vías a través de las que se producen estas interdependencias son múltiples, y sólo por mencionar algunas de ellas:
.- los impulsos de demanda de países con cierto tamaño y grado de apertura se traducen en impulsos de demanda externa para sus socios comerciales,
.- la elevada interdependencia financiera a nivel global, hace que los tipos de interés tiendan a moverse -claro está, esto en función al grado de movilidad del capital y de la sustituibilidad de los activos financieros- conjuntamente o siguiendo aproximadamente el mismo ciclo,
.- las apreciaciones y depreciaciones de las monedas no se producen en abstracto sino en relación con otras, y
.- las evoluciones de los precios relativos afectan a la competitividad y los equilibrios externos de los distintos países.
Esa mayor interrelación, conectividad e interdependencia entre países, hace que aquellos shocks que afecten a una economía, puedan transferirse también a otros, haciéndolas más vulnerables y provocando que las acciones de políticas, tomadas de modo individual en un país “x”, puedan diluirse y perder efectividad.
Adonde quiero llegar es sobre la necesidad de que, para salir de esta enorme crisis económico-financiera, de un modo coherente y acertado, se requiere de la coordinación de políticas económicas entre los principales actores de esta película.
La coordinación, vendría referida a los “acuerdos” entre países (dos o más) para establecer un set de políticas económicas a desarrollar, con miras a salvar estas situaciones difíciles en la esfera económica, financiera y productiva. Es decir, la coordinación de políticas debe entenderse, como un proceso cohesionado en la toma de decisiones, que maximice el bienestar conjunto y permita explotar positivamente tales interdependencias.
Mientras no se observen tales acuerdos, mientras no se consiga una voz única, sólida y respetada, que lleve la batuta para lograr esa coordinación de políticas macro que permitan paliar y superar la crisis, seguiremos observando movimientos erráticos y divergentes en materias de políticas entre los líderes de la UE, USA, Japón entre otros, con el desagradable sabor de sus efectos negativos.
En ese sentido, ha de comentarse que -y aquí el por qué de los primeros párrafos- , la posibilidad de efectuar una coordinación eficiente en el campo de la política económica entre un conjunto de países/agentes, requiere no sólo un diagnóstico correcto de la posición en la que se encuentra la economía, sino también sobre los acuerdos en los objetivos a alcanzar con tales políticas y los efectos de las mismas. No llegar a acuerdos sobre tales, supondrá el fracaso anticipado a cualquier esfuerzo de coordinación.
Por lo pronto, nos encontramos con las principales economías del mundo con unos déficits enormes; con USA intentando recuperar parte de sus estímulos; con un binomio Francia-Alemania reduciendo la jornada laboral y rebajando impuestos para tratar de hacer funcionar sus aparatos y viendo quien manda sobre quien; con un Reino Unido que ha visto caer su producto en 0,4% entre julio y septiembre; con una España negada a flexibilizar sus políticas laborales y pensando en incrementar los impuestos; un Japón viendo un cambio de riendas en lo hacedores de políticas y esperando poder salir de su particular crisis de ya 10 años; una China que publicita haberle pasado por encima a la crisis, y otros tantos perdidos.
La película parece larga…

La vivienda en Venezuela

Por Rafael Simòn H.


Una importante deuda social que respira en Venezuela, por sus cuatro costados, es el “déficit” habitacional.

La mayor parte de la población venezolana habita en barrios marginales, ubicados -gran parte de ellos- en los alrededores de las grandes ciudades. Según el Censo del año 2001, aproximadamente, el 53% del total de las viviendas se ubicaban en barrios, donde vivían para entonces, unos 12 millones de personas, que en su momento significaba poco más de la mitad de la población en Venezuela.

El crecimiento exponencial que experimentan estos los barrios en las grandes ciudades se suele dar sin ningún tipo de control o seguimiento técnico, siendo además estos “ranchos” estructuras aventureras a base de mampostería, bloques de concreto o de arcilla, que llegan a alcanzar alturas de hasta 7 u 8 pisos.

Sea cual sea la fecha que le demos al inicio de esta tragedia en Venezuela, lo que sí está claro es la total ausencia de un plan de políticas públicas coherente, consistente, planificado para procurar el desarrollo de complejos habitacionales y lograr cerrar las brechas de este déficit que no hace sino aumentar con los años.

Prestando atención a la Constitución, el artículo 82 expone que “Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, …”, y a pesar que, tal como lo comentan los “expertos” en el tema, no existe una definición explicita de “vivienda adecuada”, se pudiera estar de acuerdo en que la oferta de tales, debería estar constituida por viviendas que sean aceptables, incluyendo dentro de su concepción una adecuada seguridad de tenencia; estabilidad y durabilidad estructural; adecuada iluminación; ventilación; adecuada infraestructura básica, como suministro de agua, facilidades sanitarias y manejo de desperdicios; así como ubicación adecuada y accesible en relación al trabajo y a las facilidades básicas.

Siendo el déficit habitacional una realidad en nuestro espacio social, en donde no se está del todo de acuerdo es en la cifra que alcanza ese déficit. Sin embargo existen algunas pistas, por ejemplo:

- Según un informe del Ministerio de Vivienda y Hábitat del 25 de julio de 2005, el déficit se ubicaba en torno a 1.800.000 viviendas;

- Según reseña del diario El Universal, del 10 de marzo de 2007, la cifra del déficit alcanzaría 2.500.000 viviendas, cifra ésta que incluye el 1.800.000 viviendas que se ha mantenido como cifra oficial desde hace algún tiempo, más 700.000 viviendas que deben ser sustituidas por situación de riesgo o deterioro;

- En un informe del INE comentado en el trabajo de “Vulnerabilidad de la Vivienda en Venezuela”, elaborado por Lafuente y Genatios, el déficit alcanzaría ya los 3.000.000 de viviendas (página 2 del referido estudio), números que dan cuenta de poco más de 13 millones de venezolanos que no disponen de viviendas adecuadas.

Segùn expertos en la materia, el tema es muy complejo, con el agravante de que, año a año, se suman entre 100.000 y 150.000 viviendas a los requerimientos habitacionales por parte de la población.

Para atacar el problema del déficit habitacional en Venezuela -en un período de 10 años-, siempre que asumiéramos el déficit en los 2,5 millones de viviendas (número expuesto en la reseña del diario El Universal del 10 de marzo de 2007), habría que diseñar planes que permitieran construir un promedio de 350.000 viviendas/año.

Por supuesto, un número como el requerido, dista en mucho de la realidad que podemos contrastar. La siguiente gráfica da cuenta de los resultados en materias de construcción de viviendas en Venezuela en los últimos años:

Para algún otro artículo podrían mencionarse algunas salidas al tema, no costosas, factibles y sustentables.
Sin embargo, para la ocasión y sin la intención de generar desánimos, habría que terminar diciendo que, hoy son requeridos cambios dramáticos en torno al tema, pues el clima de polarización política del país junto a la inseguridad jurídica inhiben continuamente la inversión del sector privado. Por otro lado, la alta demanda de inmuebles hace que se disparen los precios en el mercado secundario, mientras que los subsidios y apoyos financieros otorgados por el gobierno no alcanzan para que la población necesitada acceda a la oferta de viviendas existentes, por demás insuficiente. El problema se complica cuando escasean los insumos para la construcción, con lo que aumentan los costos de producción de nuevas viviendas.

El Riesgo – País, referencia obligada para invertir (Parte II)

Por Mónica Llerena H.

Hace unas semanas se introdujo el tema del riesgo – país como un indicador muy utilizado por los inversionistas para observar el riesgo soberano, especialmente para aquellos que miran a los mercados emergentes como el destino para ubicar altos rendimientos, aunque asumiendo un riesgo mayor. Además, se expuso en forma sucinta el índice EMBI+ elaborado por JP Morgan, para la estimación del spread entre los bonos del tesoro estadounidense y los bonos del país visualizado para la inversión.

En esta entrega, culminaremos la exposición del indicador presentando los elementos más destacados en el cálculo realizado por la agencia Euromoney así como por las calificadoras de riesgo.

Esta agencia considera en el cálculo de riesgo-país diversos factores, ubicados dentro de tres categorías de indicadores: analíticos, crediticios y de mercado, con los cuales se diseña una estructura de ponderaciones (ver Cuadro). Con esta estructura se generan niveles de riesgo para cada país o ratings.

Fuente: Cuadernos BCV, El Riesgo-País y sus determinantes

Para el Desempeño Económico (25%), se consideran cifras de PNB per cápita y resultados de encuestas para proyecciones a dos años. El Riesgo Político (25%) es definido como el riesgo de incumplir los compromisos derivados de las distintas modalidades de endeudamiento, así como la imposibilidad de repatriación de capitales.

Los indicadores crediticios (30%) consideran la deuda total/PNB, servicio de la deuda/exportaciones, cuenta corriente/PNB, índices de Deuda refinanciada/deuda total, valores nominales asignados por Moody’s, Standard & Poor’s yFitch-IBCA. Por otro lado, los indicadores de mercado (20%) observan el acceso a financiamiento bancario calculado como porcentaje del PNB, de los desembolsos de préstamos privados, de largo plazo, no garantizados; disponibilidad de financiamiento a corto plazo, proveniente de créditos bilaterales de carácter oficial, así como registros de incumplimiento o reprogramación del país[1].

Cabe destacar que la escogencia y la asignación del peso de cada indicador es una decisión a la final subjetiva, a pesar de lo consensuada que pueda ser la misma entre los analistas, inversionistas, etc.

Sobre la base de estos ratings, se elabora una escala de posiciones o ranking por países, dos veces al año, en marzo y septiembre. Comparando la prima de riesgo de los principales bonos globales latinoamericanos y el ranking, elaborado por Euromoney en septiembre de 1999, se observa que en el nivel de la prima de riesgo existe una relación directa con respecto a la correspondiente posición del país en el ranking.

Los resultados presentados por Euromoney en marzo 2008 para los 10 países menos riesgosos reflejan a Perú, Noruega y Suiza como los menos. Estados Unidos ocupó el décimo lugar del ranking.

Otra aproximación a la percepción de riesgo-país proviene de las calificaciones crediticias asignadas por agencias como Moody’s, a las emisiones de deuda soberana. Dichas calificaciones proporcionan información relevante, tanto como indicador de la prima de riesgo, como una aproximación a la determinación de la tendencia del riesgo-país. De esta manera, mientras mejor es la calificación crediticia asignada, se espera que las primas de riesgo tiendan a ser menores y viceversa.

Sin embargo, estas calificaciones no son suficientes para explicar, en su totalidad, el riesgo-país, ya que una parte importante de la prima de riesgo se asocia a factores heterogéneos de difícil cuantificación homogénea, que están ligados a las expectativas y percepciones, no necesariamente consensuales, de los inversionistas[2].

Por ejemplo, ha sucedido que dos países muestren un spread semejante teniendo calificaciones[3] diferentes (Ba2 y B1). En este sentido el siguiente cuadro muestra evidencia de cómo el impacto de factores exógenos al país (efecto contagio), en determinadas circunstancias, debilita la relación esperada entre la calificación crediticia y el riesgo-país.


En Colombia se observa una desmejora en sus calificaciones que no se acompaña con variaciones de igual naturaleza en los spreads. Moody’s bajó la calificación crediticia de Colombia, en agosto de 1999, lo cual produjo que perdiera el grado de inversión de (Baa3 a Ba2). En esa oportunidad, el spread aumentó ligeramente; sin embargo, dos meses después, este spread descendió significativamente, hasta ubicarse por debajo del nivel previo a la desmejora de la calificación.

Este resultado de reducción del spread puede deberse a una mejor valoración que han hecho los inversionistas de los mercados emergentes en su conjunto y a la incidencia favorable que en el riesgo-país de Colombia tiene su historia crediticia, debido a que no ha incurrido en incumplimiento del servicio de su deuda externa y tampoco había participado en los programas de reestructuración de deuda externa, que muchos países homólogos habían ejecutado en los 80[4].

¿Es el riesgo – país un indicador tan bueno como aparenta?

La evidencia empírica refleja algunos desaciertos en las recomendaciones sobre inversiones externas basados en resultados del riesgo – país. Existe la influencia de expectativas de los mercados, que no se muestran explícitamente en la variación que muestran las ponderaciones de los factores de riesgo entre un ranking semestral y otro, en el caso de Euromoney.

De acuerdo al trabajo de Cuadernos BCV[5], en el caso particular de Venezuela, entre marzo de 1997 y septiembre de 1999, cayó su rating explicado, entre otras razones, por la baja valoración de sus factores económicos.

A pesar de ello, Venezuela fue “favorecida” en el ranking, ya que su posición relativa fue mejor frente a los países emergentes que sufrieron el efecto de la crisis asiática y rusa.

Es así, como hay quienes consideran que el índice riesgo – país es útil cuando se mantiene dentro de rangos “normales”. Otros, en tanto, sostienen que además de que tiene un grado de subjetividad en su construcción y en su interpretación, hay elementos inherentes al país que no son considerados, tales como: carencia de salud y educación, grados de corrupción e ilegitimidad, etc., u otros elementos presentes generalmente en economías emergentes.

No obstante las críticas que se han hecho sobre el indicador, su utilización continua. Adicionalmente, la publicación de este indicador por diferentes agencias ayuda a incorporarle mayor transparencia a los mercados, la cual se potencia si los gobiernos informan sistemáticamente sobre sus resultados económicos, permitiendo que los inversores tengan acceso a un mayor cúmulo de indicadores en forma separada, además de la forma compuesta como el riesgo – país, ampliando la libertad de análisis e interpretación de los fenómenos políticos- económicos actuales, y mejorando así la calidad de sus pronósticos.

[1] Cuadernos BCV Nº11, El Riesgo-País y sus determinantes
[2] Idem 1
[3] http://www.fitchvenezuela.com/pdf/Escalas%20de%20Riesgo%20Deuda.pdf
[4] Idem 1
[5] Idem 1

Los Juegos Olímpicos…motor de impulso para la economía


Por Rafael Simón Hernández

Muy recientemente, el Comité Olímpico Internacional (COI) ha optado por Rio de Janeiro / Brasil para que sea ésta la Sede de los Juegos Olímpicos para el año 2016, por cierto, en una reñida lucha con ciudades como Chicago, Tokio y Madrid.

Los Juegos Olímpicos actuales, se inspiraron en juegos organizados en la antigua Grecia, en la ciudad de Olimpia, entre los años 776 A.C al 393 D.C., y no fue sino hasta el siglo XIX que surgiera la idea de realizar eventos similares a los organizados en la Antigüedad, iniciativa ésta que pudo concretarse gracias a las gestiones del francés Pierre Fredy, Barón de Coubertin, siendo la primera edición de los Juegos Olímpicos Modernos realizados, precisamente, en Atenas.

Desde entonces, los Juegos Olímpicos (de Verano) han venido realizándose cada cuatro años en diversas partes del planeta, siendo las únicas excepciones para su realización las ediciones de 1916, 1940 y 1944 debido a las Guerras Mundiales experimentadas en esos años.

Ahora bien, en esta etapa de modernidad -y sobre todo para las más recientes-, los Juegos Olímpicos se han constituido (así como los Mundiales de Fútbol) en una ocasión especial a través de los cuales los Estados pueden generar grandísimos empujes de su aparato económico por toda la movilización, planificación, construcciones y mejoras que requieren los lugares sedes para la realización de tales eventos.

En ese sentido, si bien existe un interés enteramente sano por ver competir a los más destacados atletas en una variedad de disciplinas y conocer quién (es) se adjudican la medalla dorada que les coloque en lo más alto del deporte, existe un enorme interés, varios años antes de dichas competencias, en poder atraer capitales de inversión, en cuantiosos volúmenes, para acometer todas las obras que exigen este tipo de competiciones.

Ejemplo de ello, la propia ciudad de Río de Janeiro, quien acogió los pasados Juegos Panamericanos en el año 2007 y será también la sede principal de la Copa del Mundo de Fútbol en 2014.

Para la delegación de Brasil ante el COI, ese fue uno de los grandes argumentos para garantizar una buena organización en 2016. En palabras del Presidente de Brasil, Lula Da Silva, “Las obras realizadas para el Mundial son una garantía para los Olímpicos”, quien, aprovechando los buenos vientos económicos de su país, anunció una megainversión de US$11.000 millones en infraestructura, para que la ciudad cumpla con las máximas exigencias del COI.

Tobias Kirkendorf, del Instituto para la Investigación del Desarrollo y la Política del Desarrollo (IEE) de la Universidad de la Cuenca del Ruhr en Bochum, comentaba en un estudio sobre “Los efectos de mega eventos en economías emergentes”, que un evento de las dimensiones de unos Juegos Olímpicos eleva las entradas per cápita a largo plazo, como lo fue en el caso de los Juegos de Beijing (en 2008), pues el mero compromiso de realizar grandes eventos internacionales convierte al país anfitrión en una atracción para inversiones millonarias desde el exterior, siendo evidentes las ganancias que éste experimentan por ejemplo, en mejoras en la infraestructura –si bien antes era deficiente, cuando no inexistente-, disfrutando -en ese sentido- de bienestar y modernización y logrando avances hacia estándares de vida de las naciones más desarrolladas.

Haciendo una remembranza con los Juegos Olímpicos de Beijing, desde el día en que el COI concediera a China la sede de los Juegos Olímpicos en 2008, se recibieron más de 25 mil millones de dólares en inversiones, una suma récord en la historia para la realización del mayor evento deportivo mundial.

Es evidente que para una economía como la española, ni hablar para la norteamericana, haber ganado la Sede de estos Juegos del 2016 habría significado enormes movilizaciones de mano de obra y capital, que permitirían reactivar enérgicamente el mercado laboral de estos países, que ha experimentado números nada agradables en cuanto a cifras de desempleo a raíz de la crisis económico-financiera de finales de 2007; recordando además que para casi todos los países del mundo, la industria de la construcción suele ocupar los primeros lugares en cuanto a sectores de importancia en la generación de empleos y generación de riquezas (Producto Interno Bruto).

Desde el punto de vista de la economía, un evento de estas características debe suponer la realización de un completo análisis de “coste-beneficio”, de dimensiones enormes, tomando en cuenta todos los sectores involucrados, el plano temporal en el que tendrán lugar los efectos pre y post del evento y el enorme número de actores para los que habrá efectos con este tipo de eventos. No es posible referirse únicamente a los costes e ingresos monetarios directos; pues habría que calcular aún con más detenimiento todos los efectos “externos” que afectan a los grupos de interés.

Unos Juegos Olímpicos, supone generar repercusiones y efectos de carácter macroeconómicos considerables.