La vivienda en Venezuela

Por Rafael Simòn H.

Una importante deuda social que respira en Venezuela, por sus cuatro costados, es el “déficit” habitacional.

La mayor parte de la población venezolana habita en barrios marginales, ubicados -gran parte de ellos- en los alrededores de las grandes ciudades. Según el Censo del año 2001, aproximadamente, el 53% del total de las viviendas se ubicaban en barrios, donde vivían para entonces, unos 12 millones de personas, que en su momento significaba poco más de la mitad de la población en Venezuela.

El crecimiento exponencial que experimentan estos los barrios en las grandes ciudades se suele dar sin ningún tipo de control o seguimiento técnico, siendo además estos “ranchos” estructuras aventureras a base de mampostería, bloques de concreto o de arcilla, que llegan a alcanzar alturas de hasta 7 u 8 pisos.

Sea cual sea la fecha que le demos al inicio de esta tragedia en Venezuela, lo que sí está claro es la total ausencia de un plan de políticas públicas coherente, consistente, planificado para procurar el desarrollo de complejos habitacionales y lograr cerrar las brechas de este déficit que no hace sino aumentar con los años.

Prestando atención a la Constitución, el artículo 82 expone que “Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, …”, y a pesar que, tal como lo comentan los “expertos” en el tema, no existe una definición explicita de “vivienda adecuada”, se pudiera estar de acuerdo en que la oferta de tales, debería estar constituida por viviendas que sean aceptables, incluyendo dentro de su concepción una adecuada seguridad de tenencia; estabilidad y durabilidad estructural; adecuada iluminación; ventilación; adecuada infraestructura básica, como suministro de agua, facilidades sanitarias y manejo de desperdicios; así como ubicación adecuada y accesible en relación al trabajo y a las facilidades básicas.

Siendo el déficit habitacional una realidad en nuestro espacio social, en donde no se está del todo de acuerdo es en la cifra que alcanza ese déficit. Sin embargo existen algunas pistas, por ejemplo:

- Según un informe del Ministerio de Vivienda y Hábitat del 25 de julio de 2005, el déficit se ubicaba en torno a 1.800.000 viviendas;

- Según reseña del diario El Universal, del 10 de marzo de 2007, la cifra del déficit alcanzaría 2.500.000 viviendas, cifra ésta que incluye el 1.800.000 viviendas que se ha mantenido como cifra oficial desde hace algún tiempo, más 700.000 viviendas que deben ser sustituidas por situación de riesgo o deterioro;

- En un informe del INE comentado en el trabajo de “Vulnerabilidad de la Vivienda en Venezuela”, elaborado por Lafuente y Genatios, el déficit alcanzaría ya los 3.000.000 de viviendas (página 2 del referido estudio), números que dan cuenta de poco más de 13 millones de venezolanos que no disponen de viviendas adecuadas.

Segùn expertos en la materia, el tema es muy complejo, con el agravante de que, año a año, se suman entre 100.000 y 150.000 viviendas a los requerimientos habitacionales por parte de la población.

Para atacar el problema del déficit habitacional en Venezuela -en un período de 10 años-, siempre que asumiéramos el déficit en los 2,5 millones de viviendas (número expuesto en la reseña del diario El Universal del 10 de marzo de 2007), habría que diseñar planes que permitieran construir un promedio de 350.000 viviendas/año.

Por supuesto, un número como el requerido, dista en mucho de la realidad que podemos contrastar. La siguiente gráfica da cuenta de los resultados en materias de construcción de viviendas en Venezuela en los últimos años:

Para algún otro artículo podrían mencionarse algunas salidas al tema, no costosas, factibles y sustentables.
Sin embargo, para la ocasión y sin la intención de generar desánimos, habría que terminar diciendo que, hoy son requeridos cambios dramáticos en torno al tema, pues el clima de polarización política del país junto a la inseguridad jurídica inhiben continuamente la inversión del sector privado. Por otro lado, la alta demanda de inmuebles hace que se disparen los precios en el mercado secundario, mientras que los subsidios y apoyos financieros otorgados por el gobierno no alcanzan para que la población necesitada acceda a la oferta de viviendas existentes, por demás insuficiente. El problema se complica cuando escasean los insumos para la construcción, con lo que aumentan los costos de producción de nuevas viviendas.