Por Monica Llerena H.Luego del anuncio de los resultados económicos alcanzados en el segundo trimestre del año, se convierte en un tema de crítico de políticas públicas fomentar condiciones para elevar la calidad de vida del venezolano, un reto complicado que amerita reconocer que se ha rezagado la toma de decisiones en materia económica, especialmente cuando Venezuela ha profundizado su dependencia de las importaciones, y además, se muestran señales de contracción de la actividad manufacturera (8,5% cayó esta actividad en el segundo trimestre del año).
Sobre esta última actividad, es conocida la su relación positiva con la inversión extranjera directa (IED). Esta se realiza cuando una persona natural o jurídica invierte directamente en los medios para introducir un producto en un país foráneo. Esto conlleva a la creación de empresas o ampliación de aquellas existentes.
Bien aprovechada, la este tipo de inversión puede ser utilizada para encaminar reformas en los sectores productivos, aumentar la productividad y la competitividad promoviendo la exportación de los mejores productos en términos de su posición relativa frente al resto del mundo. Por otro, lado, la entrada de capitales sin control no es lo recomendable puesto que los países en su necesidad desesperada por captar recursos, podrían otorgar demasiados incentivos, flexibilizar en demasía las reglas de juego, lo cual puede conllevar a la degradación del ambiente por el uso de tecnologías inapropiadas, desmejoramiento de las condiciones del trabajador, fortalecimiento de posiciones de dominio, en los entre otros efectos.
A pesar de estos matices, la entrada de capitales foráneos en un país como Venezuela, caracterizado por tener como principal flujo de ingresos la exportación de una materia prima (el petróleo) y cuyos ingresos fluctúan al ritmo de los precios internacionales, es una opción atractiva para repotenciar la economía.
El problema surge cuando se analiza la estrategia gubernamental la cual ha apuntado a incrementar el control estatal sobre la actividad minera (petróleo y minerales metálicos), manufactura, metalúrgica y de construcción (por nombrar algunos), a varios niveles de la cadena. Cuando combinas una situación de crisis económica mundial, caída en el precio del petróleo y la aversión al riesgo de los inversionistas ante estrategias estatizadoras, es predecible que se contraiga la entrada de inversiones.
Veamos algunas cifras sobre el comportamiento de la IED en el país.
A partir del año del “paro petrolero” se acentuó el crecimiento del flujo saliente de inversiones, mientras que el IED registró los efectos de las decisiones en materia de regulatoria y de nacionalización.
Para el año 2008, de acuerdo al último informe de la CEPAL en materia de IED en América Latina, Venezuela invirtió más en el exterior de lo que recibió en IED (entraron 1.716 millones de USD y salieron 2.752), siendo un 96% de las inversiones atribuible a PDVSA.
Recordemos también que fue nacionalizada Sidor (antiguamente poseída en un 60% por el grupo Techint). Con la decisión de nacionalización, la participación accionaria de Ternium en la empresa pasa a la estatal Corporación Venezolana de Guayana. Por otro lado, la empresa Cemex (antiguamente poseída por capital mexicano) fue también nacionalizada.
Según la CEPAL, la IED aumentó en Venezuela respecto al año 2007, principalmente en el sector servicios, pero también presentó desinversiones en uno de los sectores más importantes, el de hidrocarburos, ante el riesgo de nacionalización de las actividades medulares y conexas.
Continuar en el año 2010 con acciones estatizadoras, pasa por contar con un plan alternativo para captar inversiones locales o extranjeras en estas empresas. Esto obedece a la necesidad de aumentar la calidad de las operaciones, del servicio, de los niveles de productividad y eficiencia. De lo contrario, el parque industrial nacionalizado podría sufrir una especie de letargo financiero que trunque sus oportunidades de alcanzar niveles competitivos.
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